En últimas fechas se han hecho múltiples referencias al ejercicio de revocación de mandato. En México, esta figura se incorporó al sistema mediante una reforma constitucional apenas en 2019 que estableció, entre otras consideraciones, su organización y puesta en marcha a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que se determinó que para que sus resultados fueran vinculantes debía participar el 40 % de la ciudadanía.
Hoy diversos actores políticos han manifestado la posibilidad de empatarla con las elecciones registradas en 2027.
Para esa fecha, el país estará renovando, a nivel federal, la Cámara de Diputadas y Diputados; a nivel local, de entrada, 17 gubernaturas en igual número de entidades federativas; 31 congresos locales, así como habrá elecciones para la renovación en más de 2 mil 400 presidencias municipales y las alcaldías de la Ciudad de México.
Por si fuera poco, en 2027 se tienen programadas hasta el momento llevar a cabo otro proceso electoral judicial para que la ciudadanía vote por la otra mitad de los cargos que quedaron pendientes de personas juzgadoras.
Se entiende que empatar el ejercicio de revocación de mandato con este cúmulo de elecciones políticas y judiciales daría la posibilidad de que un mayor número de personas participen en el mismo. Sin embargo, existen múltiples riesgos que, de manera general se ven:
Primero el tiempo en la emisión del sufragio se incrementará por el cúmulo de boletas electorales en las que deberá registrar su voto.
Como está redactada la reforma judicial, no se puede emitir el voto en la misma casilla para cargos ejecutivos y legislativos que para el Poder Judicial, ya que los partidos políticos no pueden tener representación ni participación alguna en las elecciones judiciales.
Lo anterior implica la instalación de casillas distintas, capacitación diferente para las y los funcionarios de casilla y, por tanto, la organización de un proceso electoral paralelo.
El proceso de escrutinio y cómputo en la casilla tendrá múltiples dificultades partiendo de que la capacitación que reciban las y los funcionarios de casilla debe ser mucho más especializada.
De acuerdo con la normativa debe existir una persona funcionaria que exclusivamente se dedique al escrutinio y cómputo del ejercicio de revocación de mandato, por lo que se tendría que capacitar a una persona adicional para este ejercicio;
Hacer cada día más elecciones el mismo día implica, entre otros aspectos, que el INE cuente con los recursos presupuestales suficientes.
Este panorama resulta complejo cuando el INE, entre otras actividades, se encuentra en el proceso de evaluación de la elección 2024, organizando las elecciones locales de Coahuila de 2026 y en el proceso de registro de posibles nuevos partidos políticos que, en su caso, competirían en las elecciones de 2027.
Por ello, de registrarse las firmas equivalentes al 3 % de la lista nominal en al menos 17 entidades federativas para la solicitud del ejercicio de revocación de mandato, lo más óptimo es que fuera en una fecha distinta a las elecciones políticas y judiciales, o bien, pensar en modificar las elecciones judiciales para que se realicen en una fecha distinta al primer domingo de junio de 2027.
