El sector empresarial de Yucatán rechazó la “Ley Silla”, la cual entró en vigor el pasado martes y que obliga a los patrones a proporcionar asientos y tiempos de descanso a sus empleados, sobre todo a aquellos que pasan la mayor parte de la jornada laboral de pie.
Al respecto, Emilio Blanco del Villar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mérida, afirmó que los diputados impulsaron esta ley con el desconocimiento de la operatividad de las empresas, “además, de que podría impactar negativamente en las dinámicas laborales”.
Aseguró que esta nueva ley no puede aplicarse en todos los puestos de trabajo, “pero ya es ley y vamos a tener que acatarla”.
Pese a sus reservas, los empresarios afirmaron que ya se prepararon con antelación para cumplir con las disposiciones legales.
Puntualizó que las empresas están en condiciones de aplicar la medida dentro del plazo establecido, que otorga hasta 180 días naturales para modificar los reglamentos internos y cumplir con la normativa antes de diciembre.
Blanco del Villar recalcó que cumplirán con lo estipulado por la ley y buscarán implementarla de la mejor manera posible para evitar afectaciones mayores.
La “Ley Silla” contempla sanciones económicas que podrían alcanzar hasta los 282 mil pesos para los establecimientos que incumplan, así como la posibilidad de ser suspendidos en caso de reincidencia.
