El 23 de junio se publicó desde la cuenta de Twitter #YaPágameINAH (@YapagameINAH), un comunicado de prensa firmado por 17 investigadores del Proyecto de Salvamento Arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, Zumpango, Estado de México. La queja pública —en el documento se denuncia que, desde el 15 de marzo hasta el 31 de mayo, 30 arqueólogos no habían cobrado—, fue el último recurso de los firmantes después de agotar los medios que tenían a la mano: pidieron hablar directamente con Diego Prieto Hernández, director general del Instituto, y fueron ignorados; se les respondió con soluciones incumplidas y, como una de las últimas medidas, están desde el pasado 28 de mayo en un paro de labores que dejó los trabajos de salvamento en el abandono.
El 27 de mayo, en acuerdo con el doctor Manzanilla, director del proyecto de Salvamento en Santa Lucía, el proyecto fue suspendido debido a la falta de pago. El 30 de mayo, con mes y medio de atraso en los salarios, Pulido les informó durante una reunión que no se había concretado nada de las negociaciones entre Sedena e INAH; en dicha ocasión se pidió hablar directamente con Prieto, petición que no fue atendida.
Debido a que el aeropuerto de Santa Lucía es un proyecto federal, uno de los más importantes para esta administración, el INAH firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la que, en este caso, le corresponde absorber los gastos y depositar, en la cuenta concentradora del INAH, el recurso para costear los trabajos de salvamento arqueológico; tal como sucedería con un particular, sin que los investigadores dejen de estar contratados directamente por el Instituto.
Desde octubre de 2019, al iniciar la construcción del aeropuerto, el acuerdo entre Sedena e INAH se estableció por convenios o etapas, y la explicación que se le dio a los arqueólogos fue que había un estado incierto en la transición del cuarto convenio al quinto. “Estas fallas se deben a la mala administración de Prieto. Desconocemos si la Sedena no realizó el pago al INAH o si el INAH recibió los recursos y retrasó el pago”.
El paro de labores desde el 28 de mayo dejó, según los investigadores, áreas de excavación o de clasificación que quedaron inconclusas (sin un arqueólogo supervisor de las obras), “restos sin nuestra protección”.
