Las organizaciones Data Cívica y México Evalúa señalaron en el informe “Votar entre balas”, que de 2018 al 13 de abril de 2024 se han registrado en México mil 777 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político y gubernamental, así como contra instalaciones del gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurren antes, durante y después de procesos electorales.
A este tipo de violencia la denominan “violencia político-criminal” en México, además señalaron que se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios.
El 2023 fue el año en que se registraron más víctimas de violencia político-criminal, con 574 personas e instalaciones atacadas, seguido por el 2022 con 486 casos.
En lo que va este 2024 se han registrado 17 personas precandidatas y candidatas asesinadas. Además, registraron personas precandidatas y candidatas que han sufrido otros tipos de ataques como cuatro amenazas, cuatro ataques armados, seis atentados y cinco secuestros en lo que va del año.
Los datos refieren que en el transcurso de 10 años casi se triplicó el uso de esta violencia contra actores políticos de alto perfil, cuyos objetivos son diversos: la multiplicación y consolidación de las redes de protección que sustentan al crimen organizado, el debilitamiento del sistema de seguridad y justicia, la ampliación del acceso de los grupos criminales a recursos económicos, la recopilación de información sobre lo que ocurre en los territorios bajo su control, entre otros.