En medio de críticas por falta de análisis y bajo presión judicial, el Congreso de Sonora aprobó de manera expedita la Ley en Materia de Desaparición de Personas, un ordenamiento pendiente desde 2018.
La iniciativa fue presentada y avalada en la misma sesión, sin figurar previamente en el orden del día.
La mayoría legislativa la impulsó como asunto de “urgente u obvia resolución” para evitar sanciones derivadas de un mandato judicial emitido en marzo pasado.
De acuerdo con la diputada Gabriela Félix Bojórquez, la premura responde a la necesidad de cumplir con una orden de un juez federal, luego de que el propio Congreso agotara recursos legales para posponer la homologación con la Ley General en la materia, vigente desde 2017.
“Ocho años peleando para no cumplir y ahora quieren hacerlo en menos de tres horas”, reprochó durante la sesión al cuestionar que el dictamen, de 162 artículos y 12 transitorios, fuera aprobado sin conocimiento pleno de su contenido.
Uno de los principales señalamientos de la oposición se centra en la inclusión del uso de datos biométricos para labores de búsqueda, sin que se establezcan protocolos claros sobre su resguardo, uso y temporalidad.
Con su aprobación, Sonora se suma a las entidades que han armonizado su marco legal con la normativa federal, aunque el proceso legislativo fue cuestionado por la oposición por su rapidez y falta de consenso.
