En lo que será la peor crisis de empleo por la pandemia del coronavirus, más de 23 mil servidores públicos se pueden quedar sin aguinaldo este 2020.
Analistas y especialistas empresariales advirtieron que se trata de una prestación de ley que sirve de colchón para miles de familias y hogares de empleados federales para terminar el año, y hoy se hace más necesario para sortear las políticas de austeridad.
Lo anterior, vendrá a ampliar la desventaja en la que se encuentran los funcionarios de alto nivel con sus pares en el sector privado, y desincentivará atraer talento hacia la administración pública federal cuando se requiere de personal estratégico para enfrentar la emergencia. Si se toman en cuenta las restricciones de libertad laboral para saltar a la iniciativa privada con los candados hasta por 10 años, los funcionarios se encuentran en el peor de los mundos.
Dijeron que si bien, la propuesta inicial se replanteó de ser obligatoria a “voluntaria”, lo más seguro es que la mayoría de los empleados de confianza de la Cuarta Transformación se sacrificará, además de los diputados y senadores que se alinearían.
En México hay seis millones de burócratas, de los cuales 1.5 millones son del ramo federal, y de estos, 26 mil pertenecen al servicio público profesional de carrera.
El director de la carrera de Economía en la Universidad Panamericana, Gabriel Pérez del Peral, dijo que la medida de eliminar los aguinaldos, aunque se diga que es voluntaria, no tiene precedente.
Añadió que se estarían violentando varios ordenamientos legales como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), Ley Federal de Servidores Públicos, Ley Federal de Trabajo y la Constitución.
