Dice la Constitución, manual de lectura para gobernantes, que las autoridades deben garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Lo mismo asegura la Convención Americana sobre Derechos Humanos (otro manual), vigente en México. En consecuencia, ese deber figura entre las obligaciones de un gobernante demócrata, comprometido con lo que todavía se llama Estado de Derecho.
El gobernante debe garantizar que no se sufra afectaciones indebidas por obra de la misma autoridad obligada a brindar protección. Pero ahora se marcha en otra dirección. Se dirá —como es costumbre— que así ocurrió antes. Que se diga, pero hay que ir hacia adelante. Hoy hoy que hablar de hoy, sin elusiones, desviaciones o endoso de facturas al pasado. Hoy, cuando quien debe defender se ocupa en ofender o dejar a la intemperie. Y con ello obliga a emprender la defensa. Este problema queda a la vista, una vez más (entre mil), cuando se mira la acometida que sufre el sector académico.
Últimamente se impuso de nuevo la presión sobre el CIDE, reducto de vida académica. Muchas voces respetables se han elevado en defensa de este centro, comprometido con el estudio crítico de los problemas de México.
En la FIL de Guadalajara, Mauricio Merino enfrentó los cargos absolutamente infundados que se hicieron al CIDE desde la más alta tribuna del país. Probó detalladamente la injusticia de esos cargos, a los que calificó —con razón— de calumniosos. Quien los formuló no expuso las pruebas de sus imputaciones, hechas al amparo de los medios de comunicación de que dispone el poder omnímodo. También en la Ciudad de México se ha escuchado —por supuesto— la voz de muchos alumnos y profesores del CIDE, entre ellos Jean Meyer, investigador de primera línea.
Merino calificó su alegato por el CIDE como un acto de legítima defensa. En efecto, ante la agresión desbocada, que propala ofensas y siembra descrédito, los agredidos se ven en la necesidad de emprender su defensa con los recursos legítimos que aún tienen a la mano.
Pero se debería preguntar de nueva cuenta, pendientes de las respuestas que nunca llegan, si es necesario que los ciudadanos se defiendan de la autoridad, o es ésta quien debe defender a los ciudadanos, absteniéndose —por principio de cuentas— de ofender y lesionar derechos fundamentales e intereses legítimos.
Conviene que este tema reciba atención inmediata, diligente y constructiva, en diálogo respetuoso y abierto, antes de que surjan más problemas que lastimen la vida del país en un sector básico para nuestro desarrollo. Y también, por supuesto, para la vigencia de nuestra libertad. ¿O acaso se pretende vencer sin convencer, derrotar a profesores, investigadores y estudiantes, someter la cultura al pensamiento único de quien detenta —temporalmente— el poder político?
