En menos de tres horas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un total de 10 iniciativas de consenso y en todos los casos con voto unánime de los seis grupos parlamentarios.
Destacan reformas para: sancionar el acoso sexual e intimidación, castigar conducta dolosa de generación de imágenes, educación inclusiva, día Nacional de la Apicultura, vivienda adecuada, recuperación de especies, control de incendios forestales, transporte público y deporte adaptado.
El primer dictamen aprobado, fue el de la Comisión de Justicia plantea cambios a diversas disposiciones del Código Penal Federal, con el objetivo de imponer pena de uno a tres años de prisión y hasta seiscientos días de multa a quien con fines lascivos acose o intimide de manera reiterada y por cualquier medio, causando a la ofendida algún daño o sufrimiento psicoemocional, que lesione su dignidad, o alguna alteración en el normal desarrollo de su vida cotidiana.
Otro dictamen avalado fue el de la Comisión de Igualdad de Género, que adiciona un quinto párrafo al artículo 20 Quáter a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, a fin de que se sancione toda conducta dolosa consistente en la generación total o parcial de imágenes, videos o audios de contenido sexual íntimo que simulen actos sexuales o representaciones de carácter pornográfico de una persona, sin su consentimiento, aprobación o autorización, mediante el uso de medios tecnológicos.
También se aprobó el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que adiciona los artículos 64 Quáter y 64 Quintus de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para establecer que “será responsable de acoso sexual la persona servidora pública que ejerza acciones, comportamientos, expresiones físicas o verbales, o cuestionamientos de tipo sexual, con el fin de causar perjuicio a una persona”.
De la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, se aprobó el dictamen que modifica el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, en sus respectivas competencias, garanticen la consecución de una educación “inclusiva”.
