El Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) afirmó que la sobredensificación de Tulum, ilegalmente aprobada por el gobierno municipal, a través del Cabildo, confirma que en Quintana Roo “se están vendiendo densidades” por lo cual llamó al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, a intervenir urgentemente.
“López Obrador tiene que voltear a ver lo que está pasando en Quintana Roo, desde hace más de 20 años. En el estado se están vendiendo densidades al mejor postor, provocando un desastre ambiental, social y económico, hasta para los propios inversionistas. Si seguimos como hasta ahora, densificando hasta los cuerpos de agua, será un suicido.
Los gobiernos, sin importar el partido, incluido Morena, solo están viendo su beneficio. En el pasado hemos visto cómo sobredensifican, se llenan los bolsillos en tres o seis años, se van, heredan el problema a los siguientes, que no resuelven y le dejan el problema a los habitantes. Es urgente que el presidente se dé cuenta y actúe”, dijo en entrevista.
Además de la venta de densidades, se están flexibilizando límites y reestricciones, a través de la modificación de los Programas de Desarrollo Urbano (PDUs) y los Programas de Ordenamiento Ecológico, para crear “trajes a la medida” de empresarios, políticos y particulares, “que promueven el crecimiento y no el desarrollo”.
El Grupo Ecologista del Mayab, con más de 30 años enfocado en los temas ambientales y de la defensa de derechos humanos, subrayó que la venta de densidades nació en Cancún, se siguió hacia Playa del Carmen, se replica en Puerto Morelos, va para Bacalar y acaba de estallar en Tulum.
Ahí, el gobierno municipal presidido por el alcalde Víctor Mas Tah, aprobó la modificación de usos del suelo en más de 900 predios, en una superficie de mil 800 hectáreas, en donde se aumentó la densidad en un 240 por ciento, en comparación con lo que marcaba el PDU 2006-2030.
El cambio de parámetros urbanos, aprobado por el Cabildo en sesiones celebradas de julio a diciembre del 2019, permite la construcción de 109 mil viviendas adicionales a las aprobadas en ese PDU, instrumento de planeación que establecía un umbral de crecimiento de 45 mil 313 viviendas.
El tema llevó a un grupo de ciudadanos hasta el Congreso a denunciar lo ocurrido, al considerar que “no existe un antecedente histórico de un desastre urbano”, como el que se propició con esas modificaciones.
