Los alumnos, maestros y trabajadores de cuando menos 45 mil 168 escuelas de nivel primaria, secundaria y preescolar del país están expuestos a “riesgos de salud evitables” por estudiar en planteles que operan con daños estructurales o que fueron construidos sin apego a la ley.
En este panorama, el Gobierno Federal planteó hace unos días desaparecer el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), institución que se encarga de construir y normar la edificación de planteles educativos, y entregarle el dinero directamente a las comunidades escolares para que construyan, remodelen o reparen las escuelas.
“En al menos una tercera parte de esas escuelas de educación básica, los integrantes de las comunidades escolares están expuestos a riesgos de salud evitables dada la potencial vulnerabilidad en la que se encuentra la infraestructura”.
La “potencial vulnerabilidad” que detectó la Secretaría Educación Pública (SEP) “cobraría particular relevancia” en las zonas del país que tienen mayor propensión a “agentes destructivos”, como fenómenos naturales.
De 145 mil 704 planteles que se encontraban en su base de datos al levantar la encuesta, 30% tiene fallas estructurales y 33.4% funciona con estructura atípica, es decir, “con edificaciones que no se apegan a la normatividad establecida por el Inifed”, según el Formato 911, un censo que elabora la SEP.
El 1 de julio, el presidente López Obrador anunció que con el ciclo escolar 2019-2020 arrancará el programa La escuela es nuestra, que consistirá en “entregar de manera directa, sin intermediarios, a los comités de maestros, alumnos y padres de familia de cada plantel educativo el presupuesto indispensable para la construcción, la reparación de aulas y el mantenimiento”.
Anteriormente, López Obrador había dado a conocer la desaparición del Inifed, que desde hace dos sexenios regula la construcción de escuelas para que sean seguras.
Investigadores consideraron que la medida que propone el presidente puede poner en riesgo la comunidad de los planteles.
El argumento es que sólo los especialistas en materia de construcción como ingenieros y arquitectos tienen las competencias técnicas necesarias para asegurar que las escuelas tengan la calidad para que estos planteles sean seguros e higiénicos.
En el sismo de 2017, cerca de 20 mil escuelas de 11 entidades tuvieron afectaciones, pero sólo una escuela primaria, que no contó con supervisión para su edificación y ampliación ni de las autoridades educativas ni de las delegaciones, el Colegio Rébsamen en la Ciudad de México, se vino abajo y 26 personas perdieron la vida.
