La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en 15 estados y en el Distrito Federal, instrumento legal que contiene elementos para combatir la corrupción, la opacidad y abatir la injusticia en el sistema penal vigente.
“El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 30 de noviembre de 2015 en los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala”, estableció el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano Grijalva.
Y a partir del 29 de febrero de 2016, en Aguascalientes, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en el Distrito Federal. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación”, ordenó.
El Senado de la República informó que en su sesión del 17 de septiembre hizo la declaratoria correspondiente, tras dar a conocer los oficios suscritos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
También del secretario de Gobernación y de la procuradora general de la República, en los que solicitan al Congreso de la Unión la emisión de las declaratorias.
Con esta acción se cumplió el primer párrafo del Artículo Segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El instrumento legal busca enmendar las fallas, la impunidad y sus consecuencias que enfrenta el actual sistema, así como unificar procedimientos a nivel nacional, como establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.
El propósito es cumplir con el mandato constitucional estipulado en la reforma penal de 2008 y transitar de un sistema de justicia inquisitorio, a un modelo de corte acusatorio adversarial.
Así se establecen nuevas normas para investigar, procesar y sancionar delitos por los órganos jurisdiccionales locales y federales, tales como la regulación de juicios orales, que se llevarán a cabo en audiencias públicas para que las partes en conflicto y público en general puedan presenciarlas.
