Lo que en un principio las autoridades de Veracruz quisieron hacer pasar por la captura de seis peligrosos delincuentes, hoy se acredita como detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y violaciones al derecho del acceso a la justicia, de las que cuando menos nueve autoridades son responsables.
En el oficio de puesta a disposición del 4 de septiembre de 2021, suscrito por los siete policías involucrados, se narra una historia de acción y dramatismo digna de un guion cinematográfico: dos unidades patrullaban la Avenida 20 de Noviembre, en Xalapa, Veracruz, cuando observaron que un par de sujetos llevaban amagado y con la cabeza agachada a un tercero que, cuando vio a los elementos policiacos, les gritó por ayuda.
Luego de que los sospechosos sacaran cuchillos y amenazaran con “quebrar” al amagado, sin hacer caso a los policías de liberarlo y soltar las armas blancas, éstos empuñaron su armamento y advirtieron que, de no seguir las indicaciones, lo accionarían en su contra, momento en que el rehén aprovechó para forcejear y uno de los policías para acercarse, lo que obligó al captor a soltarlo y abalanzarse contra el elemento de seguridad, con intenciones de lesionarlo.
El policía usó sus habilidades para impedirlo y desarmar al sospechoso, mientras el sujeto liberado desapareció, sin que nadie viera hacia dónde se fue. Cuatro individuos más, armados con navajas y cuchillos, estaban al interior del vehículo y en una motocicleta, pero también fueron reducidos por las habilidades de defensa personal policiacas.
Lamentablemente, como se puede apreciar en los videos, y como quedó acreditado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 146/2021, todo era falso. Afortunadamente, los jóvenes fueron liberados por un juez federal mediante un amparo, y la CNDH emitió recomendaciones al gobernador y a la fiscal del estado.
Para el titular del Ejecutivo, fueron las siguientes:
1. Inscribir en el Registro Estatal de Víctimas a los jóvenes, para proceder a la reparación del daño a través de una compensación justa.
2. Brindarles atención médica y psicológica.
3. Colaborar con la autoridad investigadora en la presentación y el seguimiento de la queja presentada ante la Contraloría General del Estado, en contra de los siete policías y demás personas funcionarias públicas involucradas en los hechos.
4. Colaborar en la investigación de la denuncia presentada ante la Fiscalía contra las mismas personas responsables.
5. Diseñar e impartir un curso en materia de derechos humanos para las mismas autoridades.
6. Proponer, a la brevedad, la derogación del artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz, a fin de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos.
7. Designar a la persona servidora pública que fungirá como enlace con la CNDH, para dar seguimiento a lo recomendado.
Pero ¿qué habría pasado, si no existiera el video que demostraba la realidad de los hechos, o si quien llamó a la policía no hubiese fungido como testigo de las detenciones ilegales?
Algo semejante ocurre en el caso de José Manuel del Río Virgen (acusado sin pruebas y retenido ilegalmente por un juez local de consigna), quien correrá la misma suerte de los seis jóvenes: su inocencia se comprobará y los errores y abusos cometidos por las autoridades en el caso saldrán a la luz.
El gobierno de Veracruz y sus instituciones se encuentran en la que será, tal vez, la encrucijada más importante de su historia reciente: admitir sus errores y acatar las recomendaciones de la CNDH o seguir ignorando sus equivocaciones. Vale la pena recordar lo que en su momento enunció Montesquieu: “No hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia”.