El empresario Ricardo Thompson Navarro se convirtió en el quinto de los nueve implicados en la red de huachicol fiscal que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien abandonó el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “El Altiplano”.
Y es que un juez de Control le concedió el beneficio de llevar su proceso penal en su domicilio, como a su socio Ruffo Appel y otros cuatro coacusados por la importación ilegal de combustibles por ferrotanques, en audiencia de revisión de medidas cautelares.
De acuerdo con registros judiciales, Thompson Navarro fue trasladado de dicho Cefereso, localizado en Almoloya de Juárez, Estado de México, a un inmueble del municipio de Ensenada, Baja California, para cumplir arraigo domiciliario.
De este modo suman cinco acusados del caso en obtener prisión domiciliaria. Ellos son Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez, y los hermanos Guillermo y José María De la Peña Rosales.
Dicha dependencia a cargo de Ernestina Godoy acusada los hombres mencionados de formar parte de “una colosal red de contrabando de combustible”, cuyas actividades causaron un perjuicio de más de cuatro mil millones de pesos al erario.
Por ello, Alejandra Ramírez De la Vega, jueza de Control con residencia en el penal del Altiplano, los vinculó a proceso por los delitos de crimen organizado y contrabando relacionados con el llamado caso de huachicol fiscal ferroviario.
Según la FGR, Ingemar S.A. de C.V está directamente relacionada con una red criminal de contrabando de combustible transportado en ferrotanques y por medio de esta compañía se llevaban a cabo importaciones de hidrocarburos (huachicol fiscal) con subdeclaración de volúmenes en pedimentos para evadir impuestos.
