El pasado 8 de octubre se celebró el Primer Diálogo de Alto Nivel en Seguridad entre México y Estados Unidos, un encuentro que no se llevaba a cabo desde los tiempos de la administración de Obama en el vecino país del norte y de Peña en territorio nacional.
Ante la cancelación del mecanismo de cooperación bilateral más relevante en materia de seguridad que tuvo el país —Iniciativa Mérida— se dio a conocer el nuevo acuerdo —Entendimiento Bicentenario entre México y Estados Unidos para Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras—, sin aportar mucho más acerca de compromisos concretos y acciones específicas.
Entre las promesas que se enmarcarán en el Entendimiento están el combate a la delincuencia organizada, el blindaje de las aduanas, la reducción del consumo de drogas, el combate a los activos financieros y el fortalecimiento institucional; todos ellos ya previstos en Iniciativa Mérida y parte del quehacer cotidiano de las instituciones tanto en la unión americana como en el país.
Naturalmente surgen dudas sobre qué harán diferente en esta ocasión.
(1) En esta administración se han erosionado sustancialmente las instituciones y el Estado de Derecho. ¿Con qué instituciones van a cumplir el acuerdo?
(2) El gasto destinado a la seguridad y justicia se encuentra en mínimos históricos. ¿Cómo se piensa fortalecer instituciones que hoy no tienen el dinero para lo mínimo indispensable?
(3) Los recursos que se aporten son para capacitar, profesionalizar, mejorar sistemas y equipamiento. ¿Qué personal se capacitará, qué equipamiento se mejorará si se está en condiciones críticas de recursos humanos y tecnológicos?
(4) ¿Qué acciones se van a implementar diferentes a las que ya se llevan a cabo para lograr las promesas del Entendimiento si día a día se empeora en materia de delitos y violencia?
Para que lo positivo se cristalice, México y EU deben contemplar mecanismos y estrategias que subsanen las deficiencias institucionales del país. El éxito del entendimiento está en consolidar instituciones sólidas que operen con procesos claros y transparentes; que existan sistemas de monitoreo que permitan la rendición de cuentas; que incluyan la cooperación con estados, municipios y con la sociedad civil.