El Lago Cocibolca, en Nicaragua, está a punto de desaparecer, por efecto de la sequía, roporta un diario español. El mismo fenómeno en Tamaulipas, México, afecta cultivos de soya. En colombia se anuncia un severo racionamiento del suministro de agua potable, por el mismo problema. En el estado mexicano de Guerrero, 245 mil toneladas de maíz se han perdido, según informe de hace solo dos meses.
Así podría enumerarse un sinfín de hechos negativos por efecto de un fenómeno del que se dice, permancerá hasta el próximo año. Sin embargo pareciera que nunca se ha ido, que siempre aquí ha estado presente, pues si bien estas noticias corresponden todas a este año, apenas en 2012 se hablaba de lo mismo, y de las costosas estrategias que se pondrían en marcha para enfrentar daños y consecuencias en la economía.
No pocos analistas en medios impresos y televisivos cuestionaban la actuación de algunos dirigentes que habían organizado un movimiento en torno al problema generado por la falta de lluvias en varias regiones de México. El Gobierno federal de entonces había destinado 33 mil 827 millones de pesos dentro del Plan Integral de Atención a la Sequía 2012, que abarcaba aspectos como el mantenimiento de las capacidades productivas, manejo adecuado del agua y uso sustentable de recursos naturales, así como esquemas de aseguramiento.
El presidente de la República se comprometía ante ese grave problema y las acciones traducidas en recursos para enfrentarlo estaban a la vista de todos, y no obstante que en la operación de este plan de emergencia auxiliaba también la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, había dirigentes que pretendían meter ruido tal vez con intenciones ajenas a resolver el asunto, al solicitar la instalación de un observatorio y contraloría social integrados por la FAO, la Cruz Roja y Transparencia Mexicana.
Había una cierta crispación ante los efectos del problema. Por eso esos dirigentes manifestaban una supuesta desconfianza en la aplicación de los recursos que había anunciado la Comisión para la Prevención de Desastres del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.
Pero en nada contribuían y no permitían trabajar y el problema crecía. De acuerdo con analistas entrevistados entonces, esos dirigentes “son los que siempre han estado protestando, tanto que han hecho de este derecho una actividad permanente, mientras que son otros los que se dedican en verdad a hacer producir al campo”.
Por su parte, el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable se pronunciaba por dar prioridad al otorgamiento de apoyos para productores del campo con reglas de operación, recursos y esquemas de asignación aplicados de manera ágil y expedita. Además, detallaba que esos recursos para la atención integral de la sequía se destinarían a la reactivación social y económica productiva de las entidades afectadas.
Lo anterior mostraba la gravedad del problema y el clima de agitación que persistía por lo mismo. El problema padecido hace solo tres años debería servir para reflexionar sobre la responsabilidad que tiene toda la sociedad frente al entorno que cada vez parece más hosco debido a la contaminación y degradación a las que constantemente es sometido por la actividad humana.
No es la situación actual, afortunadamente, sin embargo en esta ocasión son varios sectores de la produccción del campo los que han reportado daños y afectaciones en diversos cultivos.
