Cada 11 de octubre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Niña, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 para reconocer sus derechos, visibilizar las desigualdades que enfrentan y promover su empoderamiento.
En 2026, el llamado es contundente: “¡Poner fin al matrimonio infantil e invertir en los derechos de las niñas!”. No se trata solamente de conmemorar una fecha, sino de asumir la responsabilidad de garantizar que ninguna niña vea condicionado su futuro por la violencia, la pobreza o la discriminación.
Las cifras evidencian la magnitud del problema. Según Unicef, alrededor de 640 millones de niñas y mujeres vivas hoy fueron casadas durante su infancia.
Cada año, aproximadamente 12 millones de niñas contraen matrimonio antes de cumplir 18 años. Estas uniones interrumpen su educación, limitan su autonomía y las exponen a mayores riesgos de violencia y maternidad temprana.
En México, aunque el matrimonio infantil está prohibido, persisten desafíos relacionados con las uniones tempranas, la violencia sexual y los embarazos adolescentes.
La Organización Mundial de la Salud estima que, en países de ingresos bajos y medios, ocurren alrededor de 21 millones de embarazos anuales entre adolescentes de 15 a 19 años.
El embarazo a edades tempranas implica mayores riesgos de complicaciones para la madre y el bebé, además de afectar las oportunidades educativas y laborales de las adolescentes.
Detrás de estas cifras hay vidas, proyectos interrumpidos y derechos vulnerados. Una niña que abandona la escuela para asumir responsabilidades de adulta pierde oportunidades que difícilmente recuperará en las mismas condiciones.
Por eso, combatir el matrimonio infantil exige atender sus causas estructurales: la desigualdad de género, la pobreza, la violencia y las normas sociales que siguen limitando las decisiones de las niñas.
¿Qué debe hacer el Estado? Primero, fortalecer la prevención y garantizar que las prohibiciones legales se cumplan, investigando y sancionando la violencia sexual y la explotación.
Segundo, asegurar educación integral en sexualidad, servicios de salud sexual y reproductiva accesibles y atención médica oportuna, digna y sin discriminación.
Tercero, proteger la permanencia escolar de las niñas y adolescentes mediante becas, apoyos sociales y mecanismos que eviten que la pobreza las obligue a renunciar a sus estudios.
También se necesitan instituciones coordinadas, presupuesto suficiente, personal capacitado y mecanismos de protección que permitan denunciar sin miedo y acceder a la justicia.
Las políticas públicas deben contar con indicadores transparentes para evaluar resultados y, sobre todo, incorporar las voces de las propias niñas en las decisiones que afectan sus vidas.
Invertir en sus derechos no es un gasto: es una obligación del Estado y una condición indispensable para construir una sociedad más justa.
En este Día Internacional de la Niña, el compromiso debe ser claro: ninguna niña debería verse obligada a casarse, abandonar sus sueños o poner en riesgo su salud y su vida por circunstancias que podemos y debemos prevenir. Proteger su infancia es garantizar su derecho a decidir su futuro.
