Pese a la molestia de un sector de la bancada de Morena en el Senado, las facultades de control parlamentario sobre la estrategia de seguridad pública son un mandato constitucional surgido de la reforma política de 2014, sostiene un estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) de la Cámara Alta.
El documento titulado “Las facultades del Senado de la República en el seguimiento y control de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, señala que dicha reforma convirtió al Senado en un actor corresponsable en la definición, seguimiento y revisión de la política de seguridad pública.
Además, apunta que la labor del Senado, más allá de censurar o respaldar la actuación del gobierno, debe orientarse a estudiar y afinar la política pública de seguridad, representando a las entidades que integran a la Federación en el reconocimiento de las acciones que están dando resultados y las que no, el análisis de los temas urgentes por resolver, así como en la formulación de recomendaciones.
El estudio reconoce que la polarización ha dificultado el aprovechamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública como lo que es desde el punto de vista constitucional y técnico, es decir, como un instrumento de política pública que puede y debe ser mejorado a través de la evaluación objetiva y escrupulosa del Senado, sustentada en los datos y la evidencia disponible.
Por otro lado, identifica algunas imprecisiones de la ley vigente que han dificultado el ejercicio de las facultades de control del Senado, como la falta de normas que establezcan las características mínimas en la elaboración de la estrategia de seguridad.
