Los escándalos financieros que acompañan al rey emérito Juan Carlos I por sus presuntas cuentas opacas en bancos suizos, fraude fiscal y cobro de comisiones ilegales, ponen a prueba el blindaje de la monarquía española que durante décadas fue una institución intocable.
Por primera vez en la última etapa democrática, un presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado públicamente la actuación del que fuera jefe de Estado y máximo representante de la Casa Real que, según los expertos, podría acabar autoexiliado para tratar de poner fin a sus problemas con la justicia, así como facilitar el mandato de su heredero y actual monarca, Felipe VI.
A la luz de los excesos cometidos por Juan Carlos, el presidente socialista planteó la posibilidad de una reforma constitucional para limitar la extrema protección de los monarcas españoles, pues el artículo 56.3 de la Constitución establece que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, lo que le garantiza la impunidad en el ejercicio de su cargo.
Pero la maniobra para ablandar la coraza del rey es muy complicada, ya que se necesita una mayoría calificada del Parlamento, la disolución de las Cámaras legislativas y un referéndum de aprobación. Además, los partidos no se ponen de acuerdo a la hora de exigir responsabilidades judiciales a Juan Carlos.
Son muchos los españoles decepcionados por las actuaciones del monarca emérito, que exaltaba la honradez y pedía una justicia igualitaria mientras ocultaba millones en paraísos fiscales, y que desean ahora que se abra un espacio para la acción de la justicia.
Los escándalos protagonizados por Juan Carlos están cimbrando en cualquier caso al país y han provocado un daño irreparable a la institución monárquica, que ya estaba siendo cuestionada, sobre todo por la izquierda emergente y los partidos nacionalistas catalanes.
Entre otras irregularidades, el rey emérito, que abdicó en 2014 a favor de su hijo Felipe, ocultó parte de su patrimonio en paraísos fiscales y cobró presuntamente más de 64 millones de euros en comisiones ilegales por hacer de intermediario entre la monarquía de Arabia Saudita y las multinacionales ibéricas que participaron en la construcción del tren de alta velocidad a La Meca.
Fue su examante, la princesa y empresaria Corinna Larsen, la que reveló en 2015 datos inquietantes sobre la figura real en una conversación grabada clandestinamente por los servicios de inteligencia españoles. Según la aristócrata alemana afincada en Mónaco, el monarca emérito la utilizó como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero.
Los ilícitos financieros de Juan Carlos, que están siendo investigados en Suiza y en España, se suman a los graves errores del monarca cuando ocupaba todavía la jefatura del Estado, entre ellos haber participado en 2012 en un safari de lujo en África cuando el país ibérico atravesaba una profunda crisis económica.
Durante su trayectoria, Juan Carlos ha sido alabado sistemáticamente por su papel en la transición, que permitió a España convertirse pacíficamente en una democracia tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Pero no han faltado los detractores que resaltan que fue designado por Franco como su sucesor, al tiempo que denuncian las turbias complicidades del monarca durante el fallido golpe de Estado de 1981, en el que un grupo de Guardias Civiles, coordinados con altos mandos del ejército, intentaron derrocar al gobierno democrático.
El rey emérito lleva tiempo bajo sospecha por la manera en que acumuló su inmensa fortuna prácticamente de la nada.
Todo indica que Felipe tendrá que romper definitivamente con su padre si quiere evitar el contagio, además de tomar medidas para amarrar la ejemplaridad de la corona. Junto al autoexilio, se barajan otras alternativas, como que Juan Carlos se vea obligado a abandonar la residencia real de La Zarzuela o que pierda su título vitalicio.