España rechaza tajantemente descalificaciones

El Gobierno de España “rechaza tajantemente las descalificaciones” realizadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días contra España y las empresas españolas.

Así lo asegura un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores que subraya que el Ejecutivo quiere tener con México “unas relaciones basadas en el respeto mutuo, como quieren los españoles y los mexicanos”.

Por lo anterior, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, habló por teléfono con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, con el fin de “aclarar” la propuesta de hacer una “pausa” en la relación bilateral planteada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, según han confirmado fuentes diplomáticas a Europa Press.

Albares ya había manifestado previamente la “sorpresa” del gobierno por las palabras del mandatario mexicano que, tras arremeter contra España y las empresas españolas presentes en el país, consideró que lo mejor sería una “pausa” en la relación. En este sentido, el ministro adelantó que intentaría aclarar el “alcance” de las mismas y su significado.

Igualmente dejó claro que el gobierno de España “no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo”, tras recordar que la relación entre ambos países es “estratégica” y que va “más allá de declaraciones verbales súbitas o palabras puntuales”.

La llamada entre Albares y Ebrard “transcurrió en el buen tono habitual entre ambos”, han asegurado las fuentes consultadas, que no han brindado más detalles sobre el contenido de lo discutido por los dos ministros y si Albares obtuvo las aclaraciones que buscaba.

Acusaciones deben probarse

De existir algún delito de inversionistas de España en México debe probarse y aplicarse la ley, afirmó el presidente de la International Chamber of Commerce de México, Claus Von Wobeser.

Añadió que independientemente del tema diplomático esta situación manda una señal contra la certeza y seguridad jurídica que hay en México.

“No sabemos qué efectos tendrá, pero nos parece que no es una señal que va a en el sentido de la seguridad jurídica, la certeza y el Estado de Derecho, que es lo que se requiere para atraer las inversiones”, expuso.