Espiar a periodistas se volvió hace más de 50 años en platillo predilecto del menú de los aparatos políticos, militares, policiales y judiciales de inteligencia, así como de contrainteligencia de los gobiernos de izquierda, derecha y centro de América Latina y El Caribe.
La revista «Semana», de Bogotá, reveló el pasado viernes que, en un minucioso despliegue de vigilancia y control, la inteligencia castrense de Colombia hizo seguimiento informático en 2019 a unos 50 reporteros locales y foráneos, a unos 80 políticos, funcionarios y colectivos no estatales de ese país para crearles expedientes con perfiles, datos, actividades y contactos.
El presidente Iván Duque prometió castigar a los culpables de un caso que generó revuelo político, coincidió con la conmemoración ayer domingo del Día Mundial de la Libertad de Prensa y se sumó a una voluminosa carpeta en el historial hemisférico de asedio al gremio.
El impacto de las interceptaciones se refleja en “el miedo y la prevención” que genera en periodistas y fuentes informativas, dijo Fabiola León, corresponsal en Colombia de Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización mundial no estatal de defensa del ejercicio del sector.
El temor, explicó, limita a los reporteros a indagar temas sensibles, y las fuentes “empiezan no a desconfiar del periodista, sino de la seguridad de las comunicaciones que éste tenga (…) comienzan a silenciarse con la información que tiene», narró a EL UNIVERSAL.
De Cuba y Bolivia a Costa Rica y Honduras o de Venezuela, Nicaragua y Argentina a Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil y Ecuador, pasando por México, Haití, Panamá, República Dominicana, El Salvador y Guatemala, gran número de reporteros entraron en el radar de redes de espionaje y contraespionaje que, para amedrentar y desacreditar, invadieron vidas privadas y profesionales.
Un consejo en Cuba de corresponsales veteranos a recién llegados es jamás olvidar que sus pláticas telefónicas podrían ser escuchadas por terceras personas que nunca fueron invitadas a oírlas.
Con fama de bastión de la libertad de prensa, Costa Rica fue sorprendida en 1996 con alarmas sobre escuchas telefónicas a reporteros del Grupo Nación, de esta capital, supuestamente ejecutadas por un cuerpo gubernamental de inteligencia, pero la denuncia nunca se probó y la parte acusada fue absuelta por la justicia de este país.
“[La práctica] por varias décadas [de espiar a comunicadores] no es nueva y no es marca registrada de izquierdas o derechas», recordó la periodista costarricense Gilda González, directora de CRCR 89.1 Radio, de esta ciudad, y quien se considera víctima de los hechos de 1996.
«Lo hacen como forma de obtener información personal, nexos, criterios y rutas de investigación que tengamos en nuestro ejercicio. Con eso crean perfiles, nos clasifican, y de ahí a amedrentar sólo queda un paso», adujo González a este diario.
El espionaje militar en 2019 en Colombia contra reporteros «es un campanazo de alerta», recalcó el peruano Ricardo Burgos, corresponsal de Televisa en América del Sur y decano del Colegio de Periodistas de Perú.
Al advertir que nadie garantiza que esa «escandalosa e ilegal práctica» haya acabado en 2020, Burgos aseveró a este periódico que «son actos reñidos con la libertad de prensa y de expresión.
«No es que sean novedad. Lo novedoso es la utilización de herramientas tecnológicas e informáticas cada vez más refinadas”, señaló.