El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen por el que exhorta a los gobiernos de los 32 estados del país a seguir trabajando para lograr una implementación exitosa del nuevo sistema de justicia penal, en junio de 2016.
El resolutivo también está dirigido al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, su Secretaría Técnica y a sus homólogos locales.
Desarrollo integral
Durante la sesión del miércoles los legisladores llamaron a lograr un desarrollo integral de los cuerpos policiacos del país, que les permita funcionar con mayor transparencia y mejor operatividad dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
En el dictamen se expone que en junio de 2008 entró en vigor la reforma constitucional de seguridad y justicia, que sentó las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio, conforme a los estándares de derechos humanos reconocidos en la Constitución.
El Poder Legislativo estableció un plazo de ocho años para su implementación por parte de las instituciones relacionadas con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo cual la meta se fijó para junio de 2016.
La reforma, enfatiza el documento aprobado, exige un cambio de ordenamientos, infraestructura, métodos y procesos institucionales, además de nuevos mecanismos procesales y la necesidad de una mentalidad acusatoria entre los operadores del sistema de justicia penal acusatorio, y el resto de la sociedad.
Durante la discusión del dictamen, el senador Miguel Romo Medina destacó que a menos de un año de que se cumpla el plazo para la implementación del modelo acusatorio oral, sólo en seis entidades se registra “el funcionamiento pleno de este sistema”: Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Sonora.
El legislador del PRI agregó que 25 entidades registran avance superior a 68 por ciento para cumplir con este compromiso establecido en la reforma constitucional.
Refirió que desde 2010 se han invertido casi 10 mil millones de pesos para la operación del sistema acusatorio y actualmente existe un fideicomiso de cinco mil millones de pesos destinados sólo para el desarrollo del proyecto, infraestructura y equipamiento en las entidades.
Además, se aprobaron diversos ordenamientos complementarios a la Reforma de Seguridad y Justicia de 2008, se han modificado 93 por ciento de las legislaciones tanto locales como federales necesarias para la instrumentación del nuevo modelo de justicia.
