La Estrategia Nacional de Seguridad impulsada y coordinada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está rindiendo resultados convincentes. De junio de 2024 a junio de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional disminuyó 24.5 %, lo significa que a pesar de que hay entidades federativas que siguen con focos rojos, los niveles de violencia continúan descendiendo.
Los esfuerzos de todo el Gabinete de Seguridad son arduos, profesionales y diligentes.
Hay otros delitos que también muestran significativamente una disminución, como por ejemplo: el robo a transeúnte con violencia disminuyó 48.1 %; el secuestro extorsivo, registró una tendencia hacia la baja, con un 72.2 %; el robo a casa habitación con violencia, bajó 51.0 % y el robo de vehículo con violencia, 42.4 %.
No obstante, el delito de extorsión no ha mostrado mejora. Por ello, la presidenta de la República puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, a fin de proteger la economía familiar y la tranquilidad de las y los mexicanos, con toda la capacidad de inteligencia e investigación del Estado.
La extorsión es uno de los delitos que más lastima a la sociedad, a los pequeños comerciantes, a los transportistas, campesinos, empresarios y a cualquier familia que se gana la vida de forma honesta.
Sin embargo, muy poco se denuncia, ya que la extorsión no sólo intimida con palabras, sino que amenaza con balas, con represalias, con destruir lo poco o mucho que se tiene. Por ello, esta estrategia ahora ofrece al ciudadano la línea de comunicación 089, que garantiza su anonimato y por tanto, su seguridad.
El proceso de acción en contra de la extorsión radica en generar mecanismos de prevención; capacitar personal especializado para atender crisis; establecer canales de denuncia; la atención efectiva a las víctimas; mecanismos integrales de investigación, y la reparación del daño.
Para robustecer esta estrategia, la presidenta firmó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión.
Esta reforma tiene la finalidad de dotar al Congreso de la Unión con las facultades necesarias para expedir una legislación general, donde se establezca la homogeneización del tipo penal, tipificaciones, agravantes y modalidades.
Este andamiaje jurídico es indispensable para establecer las políticas y acciones necesarias a fin de prevenir la extorsión en los tres órdenes de gobierno con el uso de tecnología de última generación para la investigación y la persecución y sanciones contundentes a los victimarios; más aún, el Estado mexicano se reconoce a sí mismo como víctima directa de la extorsión, lo que justifica la persecución de oficio de este delito de alto impacto.
Una legislación general idónea, permitirá contar ahora con todas las instituciones tanto federales como estatales, en el combate efectivo y coordinado de este delito.
Acabar con este ilícito significa devolver la seguridad y la paz a las víctimas y sus familias. Con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el Estado atenderá a la ciudadanía con inteligencia y todo el respaldo y fortaleza de la ley.
