La Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Desarrollo Social (Sedesol) estrecharán su colaboración para evitar que los programas sociales sea usados indebidamente ante las elecciones que se celebrarán este año.
El compromiso de la procuradora Arely Gómez, el fiscal para delitos electorales, Santiago Nieto Castillo; y los titulares de la Función Pública, Virgilio Andrade, y Sedesol, José Antonio Meade Kuribreña quedó plasmado con la firma del convenio para la Implementación del Blindaje Electoral, en la oficina central de Desarrollo Social.
Meade Kuribreña señaló que cuatro de cada 10 de los beneficiarios de Sedesol están en los 12 estados donde habrá comicios ordinarios para gobernador, congresos locales y ayuntamientos este año.
Beneficiarios
Aclaró que no se interrumpirá la entrega de programas con padrón y calendarizados como 70 y Más, los de abasto de Diconsa y Liconsa, así como Prospera, que tiene “un padrón transparente y auditable”.
Esos programas son importantes para el ingreso de muchas familias, por ejemplo el de Pensión para adultos mayores, es el único ingreso de ocho de cada 10 beneficiarios, advirtió Meade Kuribreña.
Sin embargo, indicó que programas como Opciones Productivas y 3x1 para Migrantes, los cuales carecen de calendarización, se dejarán de entregar días 45 antes de los comicios.
El funcionario agregó que la gestión cotidiana de los funcionarios de Sedesol debe ser siempre transparente, más allá de que haya comicios, por lo que los esfuerzos en esta temporada se enfocarán en prevención y se apoyarán con la Contraloría ciudadana, anunciada en semanas anteriores.
En su oportunidad, el secretario Virgilio Andrade Martínez, recordó que los funcionarios que condicionen los apoyos del gobierno con fines electorales pueden ser juzgados en tres niveles: ante la autoridad electoral, ante la autoridad penal y ante la autoridad administrativa que es la Función Pública.
