La evaluación realizada a México por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas concluyó el pasado viernes pidiendo a las autoridades un trato digno para los familiares de las más de 111 mil personas cuyo paradero se desconoce en el país.
Precisó que las medidas que dan solución a los problemas que aquejan al gobierno respecto a la búsqueda, son el proceso de reparación y la identificación, y no una mala iniciativa como el “censo” implementado por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.
“Esto no es irritativo para las víctimas, y es una política que va a darle satisfacción a las preocupaciones”, señaló.
De acuerdo con información entregada a la instancia de la ONU por el Consejo Estatal Ciudadano de Veracruz, las familias que buscan a sus seres queridos enfrentan “la triste realidad de un trato inhumano, desconsiderado y humillante por parte de algunos servidores públicos en muchas instancias”.
Como solución, la ONG pide celebrar campañas de sensibilización, primero con las autoridades para que no sigan revictimizando a las familias, y posteriormente con la sociedad en general.
Información similar fue proporcionada por escrito a Ginebra por la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
El examen realizado a México duró seis horas repartidas en tres días y tuvo lugar en seguimiento a la visita de los miembros del comité al país en noviembre de 2021, además de las observaciones presentadas por el gobierno en agosto de 2022 en reacción al informe de los relatores.
La delegación mexicana estuvo encabezada por la jefa de la Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Francisca Méndez Escobar, y contó con el apoyo vía videoconferencia de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el interrogatorio, el Gobierno Mexicano eludió los cuestionamientos sobre si se ha investigado o no la cadena de mando involucrada en las desapariciones forzadas, tampoco precisó si hay o no funcionarios públicos que están siendo investigados por estos delitos.
En la tercera sesión, la relatora Carmen Rosa Villa Quintana colocó un signo de interrogación sobre la efectividad de los mecanismos de protección para defensores de derechos humanos y periodistas.
Sostuvo que nueve personas dedicadas a tareas de búsqueda fueron asesinadas, de las cuales tres eran beneficiarias del sistema de protección; también han fallecido cuatro madres buscadoras, al tiempo que han muerto o desaparecido 28 defensores involucrados con el medio ambiente.
“Nos gustaría saber, mientras están trabajando en un plan de fortalecimiento del mecanismo: ¿qué medidas concretas y efectivas toma el mecanismo para proteger a las personas defensoras de derechos humanos?”, concluyó.