En un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó que la situación que enfrentan actualmente los 31 científicos e integrantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), visibiliza la necesidad de promover el Estado de derecho en nuestro país, de manera urgente, tras ser acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de delincuencia organizada.
El sindicato patronal destacó que, en primera instancia, el valor de las aportaciones de la ciencia en materia social y económica por parte del gremio científico, potencializado -desde luego- a partir del surgimiento de la pandemia, “lejos de desvirtuar su gran aporte, la ciencia, la investigación y la innovación deben fortalecerse en el país”, refiere el documento publicado este domingo 3 de octubre.
“Vemos -prosigue- como una señal muy alarmante que en el Paquete Económico 2022, se esté considerando asignar el presupuesto más bajo a estos rubros en toda una década, en mucho motivado por la desaparición de 65 fideicomisos que permitían que recursos públicos llegasen a todas las entidades federativas”, ejemplifica.
Por otra parte, la Coparmex consideró como indispensable que la Fiscalía General de la República actúe autónomamente, al no permitir que la persuasión u influencia externa tenga ninguna clase de injerencia en las decisiones de esta institución, pues es su obligación conforme a lo que establece la ley, a través de la legal defensa de los investigadores. Aunado a esto, solicitó además acatar las determinaciones del Poder Judicial, y que ya ha emitido acerca del caso de competencia.
“En Coparmex hemos sido testigos directos de la relevante labor de la comunidad científica en nuestro país, participamos activamente en el Foro Consultivo, Científico yTecnológico (FCCyT), un organismo sin fines de lucro que agrupaba a voces diversas, cuyo objetivo era brindar asesoría en materia de ciencia, tanto al presidente como al Conacyt”.
A la postre, la Confederación Patronal consideró que las acusaciones de la FGR fueron excesivas, al tipificar el actuar de los 31 científicos como delincuencia organizada.
