Tras 18 horas de audiencia, una juez federal dictó prisión preventiva justificada contra los excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.
El próximo jueves se determinará si son vinculados a proceso, luego de que la defensa de Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; J. Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración; Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC), solicitó la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación jurídica, misma que les fue concedida.
De esta manera, Antonio Bernal y Mario Murillo quedaron presos en el Reclusorio Oriente, mientras que Carlos Maldonado y Elizabeth Villegas serán trasladados al penal de Santa Martha Acatitla.
La jueza Patricia Sánchez Nava avaló los argumentos de la Fiscalía General de la República de que existe un riesgo alto de que los imputados se evadan de la justicia, ya que expusieron que el ex secretario de Finanzas, Carlos Maldonado intentó fugarse a Miami, Estados Unidos, donde fue interceptado por la Interpol, que lo deportó a México.
Durante el sábado, autoridades de la Fiscalía General de la República practicaron exámenes médicos a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; J. Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración, y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la SSPC.
Por lo anterior, la FGR acusó al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de causar un daño patrimonial al Estado mexicano y a Michoacán, por 3 mil 412 millones de pesos en la construcción de cuarteles para la Guardia Civil en siete municipios del estado.
Durante la audiencia, los representantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR señalaron ante la jueza Patricia Sánchez Nava del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente, que el exmandatario autorizó contratos para la compra de terrenos a sobreprecio y mediante adjudicación directa, beneficiando a una empresa llamada “Inmobiliaria DIP”.