La Organización de las Naciones Unidas (ONU) responsabilizó al Estado mexicano por violar los derechos humanos de un hombre con discapacidad e impedir su acceso a la justicia en un proceso penal que duró cuatro años.
A través de su Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el organismo internacional emitió un dictamen donde informa las irregularidades que enfrentó Arturo Medina Vela, acusado de participar en el presunto robo de un vehículo en el 2011.
El hombre, que fue diagnosticado con “trastorno social de la personalidad” y un “posible retraso superficial”, fue señalado por el ministerio público de la Ciudad de México por hurtar un carro “empujándolo y no manejando” debido a que su condición le impedía conducir.
Por este motivo, Arturo Medina fue enviado al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi) y se le calificó como una persona inimputable, es decir, que su condición psicosocial le impedía entender el hecho delictivo que cometió.
El juez Noveno Penal del entonces Distrito Federal fue quien dictó una medida de seguridad de cuatro años al joven para que fuera internado en el Cevarepsi.
Según la ONU, la inimputabilidad hizo que las autoridades vieran al acusado como una persona incapaz de declarar y defenderse en el proceso penal, lo cual le impidió tener conocimiento del avance de su caso.
Tampoco la madre del joven, Judith Medina, tuvo la posibilidad de conocer directamente el proceso legal debido a que su hijo ya era mayor de edad y no se le podía considerar apoderada legal.
La organización, documenta, fue quien llevó el caso de Arturo Medina dio a conocer el dictamen de la ONU, donde se narran todas las complicaciones legales que enfrentó el acusado para recuperar su libertad casi cinco años después de haber sido detenido.
