Para que las fiscalías estatales brinden especial protección a las madres y padres de personas víctimas de desaparición, que se involucran en las labores de búsqueda, la diputada federal priista, Sofía Carvajal Isunza, remitió a la Cámara de Diputados un exhorto al señalar que esas familias requieren de un programa especial de acompañamiento y protección.
En el punto de acuerdo, la legisladora solicita a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno establecer protocolos de vigilancia y protección permanente a los familiares que, anotó, son víctimas de amenazas o agresiones por parte de las autoridades o particulares que obstaculizan su tarea para alcanzar la justicia, así como el acceso a la verdad.
Precisó que conforme a la Ley General en Materia de Desaparición, las autoridades involucradas y la Comisión Nacional de Búsqueda tienen la obligación de organizar estos grupos para realizar las labores de localización en campo, mientras corresponde a las instituciones de seguridad pública coadyuvar y proteger a quienes llevan a cabo estas acciones.
Sin embargo, indicó, los colectivos activistas alegan que no han tenido la atención por parte de las autoridades responsables y no hacen uso de las herramientas forenses necesarias proporcionadas y distribuidas por la Comisión Nacional de Búsqueda.
Además, subrayó, las mujeres que integran estos grupos civiles han manifestado su interés de trabajar de manera coordinada con las fiscalías generales especializadas, con una rotunda respuesta negativa a cooperar.
Carvajal Isunza señaló que las y los integrantes de estos colectivos viven con el pánico permanente de ser asesinados luchando por el acceso a la justicia. Señaló que desde que comenzó el seguimiento de este tipo de delitos en 2010, al menos quince madres buscadoras han sido asesinadas.
