Exhortan evitar suspensión de evaluación docente

Exhortan evitar suspensión de evaluación docente

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las instituciones de educación pública de los estados, que no suspendan el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en educación básica y media superior.

En la sesión de miércoles, se aprobó también en este punto de acuerdo avalado por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, que se cumpla a cabalidad el mandato de evaluación establecido en la Ley del Servicio Profesional Docente y con las fechas difundidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Asimismo, se pronunció por el pleno respeto al Estado de Derecho en nuestro país; por cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por velar que todas las instituciones del Estado Mexicano cumplan con su responsabilidad.

Los senadores y diputados acordaron que las propuestas presentadas durante el debate y que constituyeron siete puntos de acuerdo más, se remitieran a la Segunda Comisión de la Permanente para que la próxima semana sean analizados.

Entre los temas destacados está llamar a comparecer al titular de la SEP, Emilio Chuayffet, ante las comisiones de la Permanente para que explique las razones de suspender indefinidamente el proceso de evaluación para los maestros.

En el debate y al fijar posición, el senador del PRI, Daniel Amador Gaxiola, se sumó a la solicitud de que se expliquen las razones de suspender indefinidamente la evaluación al magisterio, pero aclaró que interrumpirlo no significa que se claudique en esta acción.

Explicó que la suspensión no es cancelación de la evaluación, y que lo más fácil en este momento sería descalificar al Gobierno por tomar una decisión que sin lugar a dudas resulta compleja.

En tanto el senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, apuntó que al haber suspendido la evaluación se hizo un daño y se ofendió a la niñez, a los directores y maestros que sí están en la reforma, y a los padres de familia.

Dijo que es “terrorista” la actuación de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que han tomado carreteras, realizado actos vandálicos para boicotear las elecciones del 7 de junio, y se han opuesto al censo y a la evaluación.

Por su parte, el legislador del PRD, Armando Ríos Piter, destacó que los senadores del todas las fracciones estén de acuerdo en exigir que se cumpla la ley, y señaló que se le debe exigir al secretario de Educación, Emilio Chuayffet, presentarse en las comisiones de la Permanente para explicar cuál fue la exposición.

Recordó que si la suspención es indefinida afectará a 13 millones 500 mil alumnos en el país, a más de 90 mil 500 escuelas primarias y a 400 mil personas que estarían inscritas en el proceso de evaluación.

Constitucional, reforma

En otro tema, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Miguel Barbosa Huerta, hizo la declaratoria de la reforma al artículo 73 de la Constitución, con lo que se faculta al Congreso a legislar en materia de Justicia para Adolescentes.

En la sesión de la Comisión Permanente se informó que 20 Congresos estatales avalaron esta reforma constitucional, con lo que se cumple con la aprobación del Constituyente al lograr la votación a favor de más de la mitad de los congresos estatales del país.

“Una vez comprobado el voto computado de la mayoría de las legislaturas estales, la Comisión Permanente declara aprobado el decreto por el que se reforman los párrafos 4to y 6to del artículo 18 y el Inciso ‘C’ de la fracción vigésimo primera del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Penal para Adolescentes”, precisó Barbosa.

El senador perredista por el estado de Puebla dio cuenta que los congresos que aprobaron la enmienda constitucional, y la remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

Los congresos estatales que avalaron esta reforma fueron: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Zacatecas.