La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a México que rompa el “pacto de silencio” de las autoridades que impide resolver el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014 y enjuiciar a los responsables del caso.
Así se expresó la comisionada de la CIDH para México, Esmeralda Arosemena, durante una audiencia del organismo en Washington donde los familiares de los jóvenes denunciaron que la investigación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador “va en picada” por las presiones del Ejército.
“Hay un pacto de silencio que no ha permitido que el caso Ayotzinapa llegue a un desarrollo para alcanzar la verdad y someter a la justicia a los responsables a pesar de que hay identificadas a las personas”, lamentó Arosemena.
La comisionada recalcó que la resolución del caso requiere de una “voluntad expresa” y de “información clara”, y expresó el compromiso de la CIDH de “acompañar” a las familias y al Estado hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos ocurridos hace nueve años.
Según la desacreditada versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), conocida como “verdad histórica”, los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero) fueron detenidos en septiembre de 2014 por policías corruptos vinculados con el crimen organizado que los asesinaron e incineraron en un basurero.
En 2018, López Obrador reabrió las pesquisas y se ordenó la captura de militares vinculados al caso, pero según las familias la falta de voluntad del Gobierno y las presiones del Ejército han impedido nuevos avances y han derivado en la renuncia del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, y en la salida de los expertos de la CIDH del país.
Durante la audiencia del miércoles, el abogado de las familias Santiago Aguirre, del Centro Prodh, denunció que el gobierno de López Obrador ha “desmantelado” la Comisión de la Verdad y la fiscalía especial que se crearon para resolver el caso y que los avances han quedado “truncados”.
