Los grupos parlamentarios del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados calificaron como indignantes y ofensivas las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que el 90% de las llamadas de auxilio de las mujeres son falsas y le exigieron dejar de mentir y aceptar las cifras que su propio gobierno emite.
Los diputados federales del PRI exigieron al presidente López Obrador que en el marco de sus conferencias matutinas se evite mentir a la población, con cifras inventadas en las que se sostiene que el 90% de las llamadas de auxilio de las mujeres son falsas.
“Las y los integrantes del grupo parlamentario del PRI nos solidarizamos con el sufrimiento de las víctimas y su clamor de justicia, cada historia trágica de una mujer es importante; por eso, desde el Poder Legislativo les decimos, no están solas, seguiremos trabajando para erradicar la violencia que se comete en contra la mitad del pueblo mexicano”, describieron en un comunicado los legisladores tricolores.
Pues según datos proporcionados por el propio gobierno, hasta el 27 de abril, se da cuenta que ha habido un aumento de 19 mil llamadas en enero a 26 mil en marzo, lo que implica un incremento de casi 40%. Por otra parte, un informe de la oficina para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que durante el primer mes de aislamiento por la pandemia del Covid-19, en México se incrementaron en 80 por ciento las llamadas de auxilio de mujeres que sufrieron violencia.
Los legisladores priistas manifestaron su rechazo a la violencia institucional que se ejerce desde el Gobierno Federal, y le exigieron a las autoridades competentes sean absolutamente transparentes sobre las llamadas de auxilio de las mujeres y den puntual seguimiento a las denuncias por violencia de género e intrafamiliar, así como a los feminicidios.
“Demandamos también que, como lo recomendó la OMS, los servicios para atender la violencia contra mujeres, niñas y niños sean declarados esenciales en la estrategia para enfrentar la emergencia; asimismo, que se instrumenten medidas extraordinarias, especiales y complementarias a las que se llevan a cabo de forma cotidiana.
“Minimizar el problema y no fortalecer las capacidades institucionales para atenderlo, encubre a los agresores, al tiempo que fomenta la impunidad en esos delitos”, comentaron.
