La bancada del Partido Revolucionario Institucional exigió al Gobierno Federal un informe completo sobre la repercusión y los beneficios de invertir en infraestructura para que el Estado venda gas LP al menudeo, a través de la llamada empresa estatal Gas Bienestar.
A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo, solicitaron que sea la Secretaría de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor quienes presenten el estudio.
Dicho análisis, explicaron, debe incluir la evolución del precio en el mercado “a fin de determinar si existe un diferencial entre los precios de venta a las gaseras y al público; las acciones emprendidas para controlar y sancionar a las empresas gaseras que distorsionan el valor del producto, en detrimento del consumidor; y el estudio de mercado e impacto económico sobre el que se sustenta la creación de la nueva paraestatal”.
Las y los legisladores recordaron que el 81 por ciento del gas que consume los mexicanos es importado y su precio está determinado por el mercado internacional. Pero en México, por el descuido institucional, el gas LP se ha encarecido drásticamente en más de 38 por ciento, desde 2018 hasta abril de 2021.
“Si queremos resolver el problema de fondo, evitar que las gaseras abusen, terminar con sus prácticas oligopólicas, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica no deben renunciar a su capacidad legal de regular el mercado y sancionar a las empresas que lo distorsionen contra los consumidores. Desde el inicio de la actual administración, se han relajado las medidas de investigación y sanción, privilegiando a las compañías involucradas”, sentenciaron.
Aseguraron que en vez de intervenir como competidor directo en el mercado donde, por cierto, ya existen más de seis mil 500 permisionarios de gas LP, el gobierno debe asumir su responsabilidad.