Ejidatarios, sus representantes legales y senadores exigieron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Semarnat, ante un litigio que ganaron después de 20 años y porque no se ha cumplido la sentencia contra la minera Penmont, filial de la compañía mexicana Fresnillo PLC, de Grupo Peñoles, emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 28, con número de expediente 188/2009.
Los ejidatarios afectados, Abel y Erasmo Cruz López, entre otros, lamentaron que no se aplique la sentencia para la restitución de sus tierras y la citada minera siga explotando de forma ilegal, y a escondidas, minerales como el oro, sumado a que otros ejidatarios también están realizando el saqueo del mineral. Todo ello por la falta de aplicación de la ley.
En entrevista en el Senado y acompañados de su representante legal, Marco Valle Grosso, expusieron que la citada resolución ordena a la minera regresar todo el oro y demás minerales extraídos en la zona, o bien entregarlos al núcleo agrario, al ser el legal propietario de las tierras, así como restablecer los cerros, con su flora y fauna del lugar, dejar el aire y agua totalmente libres de toda contaminación introducida por actividades realizadas por dicha minera.
