A un año y cinco meses del asesinato de Tomás Martínez, dirigente en la Sierra Sur de Oaxaca del Frente Popular Revolucionarios (FPR), organizaciones sociales y políticas fijaron un posicionamiento sobre la situación de criminalización y hostigamiento que viven los activistas y defensores en la entidad por parte del Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno.
Mediante una conferencia de prensa, un bloqueo y un mitin frente a la Casa Oficial del Gobierno de Oaxaca en la capital, integrantes de diversas organizaciones sociales exigieron justicia a 17 meses del asesinato de Tomás Martínez Pinacho y cinco meses del homicidio de Manuel Cartas.
En su posicionamiento político, las organizaciones aseguraron que mantienen su lucha por justicia y la exigencia de castigo para los autores materiales e intelectuales del asesinato de los activistas. También denunciaron que las organizaciones en el estado se enfrentan a un escenario de violencia generalizada.
Recordaron que según datos del Comité Cerezo, en 2021 Oaxaca fue considerada como el estado donde más asesinatos de activistas y defensores se cometieron en el año.
Agregaron que se encuentran en alerta ante cualquier agresión, física o sicológica, que sufran sus integrantes, sobre las cuales responsabilizaron a los gobiernos federal y estatal.
