Expertos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) llamaron al Senado y al gobierno mexicano aprobar reformas y establecer mecanismos contra la leva de menores por parte de cárteles, ello ante la grave situación que se vive en México en materia de jóvenes y adolescentes desaparecidos.
En el marco del foro “Jornadas de la Protección a la Acción: evitando la utilización de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado”, organizado por el Senado, se expuso que se requiere un marco jurídico que sancione severamente el enrolamiento o leva de menores por parte de grupos criminales, pero también programas y acciones que los alejan de esa realidad.
El Universal publicó recientemente que en el Congreso de la Unión hay por lo menos 50 iniciativas de ley “congeladas” desde hace una década que buscan sancionar la leva de menores por parte de los cárteles, pero no existe voluntad de Morena ni de la oposición por avanzar en este tema.
Voces expertas
Juan Pablo Rodríguez González, especialista en protección a la infancia en Unicef México, añadió que es indispensable hablar del reclutamiento de menores en el país, pues cuando el crimen organizado utiliza a niñas, niños y adolescentes, el desafío para el Estado no es solo reaccionar, sino entender con claridad qué está enfrentando, ya que solo así se pueden atender las necesidades de las víctimas.
Karla Karelly Villanueva, integrante de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, agregó que este fenómeno no es un daño colateral del narcotráfico, sino un método que los grupos criminales están utilizando para tomar terreno dentro de las comunidades, por lo que se trata de una estructura que utiliza la vulnerabilidad de la niñez como insumo.
Sofía Magdalena Cobo, investigadora en justicia para adolescentes del Instituto de Ciencias Penales de la FGR, asentó que tanto el reclutamiento como la utilización de menores por parte del crimen organizado viola los derechos humanos y compromete su desarrollo integral.
El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado, Juan Carlos Loera señaló que el tema a tratar no admite indiferencias, pues la utilización de niños y adolescentes por parte de la delincuencia constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos, al vulnerar su desarrollo integral y comprometer el presente y futuro del país.
Afirmó que detrás de esta realidad existen contextos de desigualdad, abandono, violencia y ausencia de oportunidades que deben ser atendidos por el Estado, por lo que trabaja en una iniciativa en la materia.
Expuso que de acuerdo con el Inegi, en 2024 más de 29 mil 500 personas adolescentes fueron imputadas a nivel nacional por la comisión de hechos constitutivos de delito.
