Organizaciones no gubernamentales de defensa de la infancia exhortaron a la presidenta Sheinbaum a presentar de manera urgente una iniciativa de reforma para tipificar el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, como parte de la estrategia de seguridad nacional, proteger juventudes y debilitar estructuras criminales en México.
La misiva de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe se envió una semana después que El Universal publicó un reportaje sobre más de 50 iniciativas para tipificar como delito la leva de menores para el crimen que se encuentran en la llamada “congeladora” legislativa en el Congreso de la Unión, así como en el marco de la detención del joven de 17 años, presunto sicario del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Se argumenta una crisis prolongada de violencia armada desde “la guerra contra las drogas” iniciada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón, con cientos de miles de personas asesinadas y desaparecidas.
“Dentro de esta tragedia destaca el reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes, práctica criminal que vulnera gravemente sus Derechos Humanos, profundiza desigualdades y perpetúa un ciclo de violencia estructural”, advirtió.
La delincuencia organizada ha consolidado “ejércitos privados” a través del reclutamiento en las zonas de influencia con métodos de coacción. Este reclutamiento convierte víctimas en perpetradores, generando un efecto dominó de homicidios, desapariciones y confrontaciones con fuerzas del Estado.
Jóvenes violentando a otros jóvenes
El reciente asesinato de Carlos Manzo a manos de un joven de 17 años da evidencia del contexto político propicio para acciones contundentes, señalan.
“Este es el momento ideal para que la presidenta Claudia Sheinbaum impulse la tipificación penal del reclutamiento forzado, complementada con políticas integrales de prevención, desvinculación y reinserción social”, subrayan.
Tipificar el reclutamiento forzado en el Código Penal federal y los estatales permitirá desmantelar las estructuras criminales desde su base, debilitando su capacidad operativa y disminuyendo la violencia en el territorio nacional.
Señalaron a Sheinbaum que esta tipificación se debe complementar con mecanismos efectivos de desvinculación, rehabilitación psicológica y social; además de programas educativos y laborales adaptados a las necesidades específicas de género que convertirá a las víctimas en agentes positivos de cambio social y, en algunos casos, en testigos protegidos para la consolidación de casos de investigación de alto impacto.
De acuerdo a la organización no gubernamental, cada año en México son reclutados por el crimen organizado cerca de 35 mil menores de edad, y se calcula que entre 250 mil y 350 mil viven en zonas y condiciones de vulnerabilidad para ser enrolados, captados o levantados por los cárteles para que formen parte de sus ejércitos de delincuentes.
