Los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentran en mal estado de mantenimiento, y la tecnología para la detección de tomas clandestinas de hidrocarburo es obsoleta e incompleta, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), agregando que existe un estado irregular para disminuir las tomas clandestinas.
“Pemex tiene pleno conocimiento del incremento exponencial de las tomas clandestinas y conoce a detalle los riesgos e impactos que conlleva el manejo inadecuado de los hidrocarburos, así como las implicaciones para la población aledaña a los ductos. Sin embargo, su actividad se ha enfocado en clausurar las tomas detectadas y ha omitido adoptar las medidas necesarias, razonables y efectivas para abordar el grave problema de la extracción ilegal de hidrocarburos, lo que evidencia una indiscutible falta de debida diligencia”, señaló.
A través de un comunicado, el organismo que dirige Rosario Piedra mencionó que esa empresa productiva del Estado requiere que más allá de cumplir con la normatividad en materia de hidrocarburos, tenga una disposición real y efectiva para hacer justiciable el derecho humano a la protección del medio ambiente y sus recursos naturales.
Medidas precautorias
Precisó también que dado que el transporte de hidrocarburos es una actividad en sí misma peligrosa, existe un riesgo inherente, razón por la cual es imperativo que Pemex adopte medidas adicionales para prevenir daños a las personas y al medio ambiente en cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos.
La CNDH se refirió además a la explosión de un ducto de la petrolera el 18 de enero de 2018, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, que provocó la muerte de 138 personas por quemaduras, incluyendo 13 adolescentes y 10 mujeres, así como 13 lesionados.
Expuso que a más de seis años de los acontecimientos, ni el Gobierno Federal, estatal ni municipal se ha acercado a la comunidad o a las familias para consultarlas o presentarles acciones para la recuperación del suelo, incumpliendo la obligación del Estado mexicano de prevenir y mitigar la degradación ambiental.
