La asociación Alto al Secuestro llamó a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH deje el caso sobre la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
La presidenta de dicha organización, Isabel Miranda de Wallace, y el consejero Samuel González expusieron que hay conflictos de interés y se ha politizado ese hecho, además de subrayar que no solo es un tema de derechos humanos sino que sobre todo está en el terreno legal.
Lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa, mencionó González Ruiz, es técnicamente un secuestro y en consecuencia debió haber sido tratado como elemento criminal y no mandar reporte de derechos humanos, que tiene criterios diferentes al penal.
“Hay que exigir que salgan los actores políticos estrictamente del terreno legal y de análisis para poder llegar a una verdad y no tratarlo solamente de manera política”, dijo en conferencia de prensa.
A decir de Miranda de Wallace, la Oficina de Drogas y Crimen de la Organización de la ONU es la que debe intervenir y coadyuvar en este caso, “porque en estos momentos hay un conflicto con un reporte de derechos humanos y con otro que tiene que ver con delito y droga”.
La activista también aseguró que existen conflictos de interés en la CIDH y su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien al ser mexicano no puede conocer de conflictos en México.
Samuel González Ruiz, consejero de Alto al Secuestro, abundó que “una confusión radical y tajante, error gravísimo” es no conocer el reglamento del personal de la OEA.
El experto se refirió en específico al artículo 101.7, que habla de declaraciones de lealtad, ética y conducta de conflicto de intereses, lo que excluye que los mexicanos puedan tratar asuntos que se refieren a México.
