La Cámara de Diputados aprobó el pasado 15 de octubre una reforma al Código Fiscal de la Federación, la cual permite que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenga acceso a las bases de datos de diversas plataformas digitales disponibles en México.
La reforma ha causado polémica en el país, ya que se alega que amenaza el derecho a la privacidad de los ciudadanos, así como la invasión total de sus datos personales, por lo que ha sido calificada como “Ley Espía”.
De acuerdo con la columnista de El Universal, Irene Levy, la información manejada sobre esta ley se ha tergiversado, pues afirma que la información manejada suele ser “amarillista”.
“No creo que tenga que cundir el pánico, me parece que sí hay mayor intrusión, pero muy lejos de lo que están diciendo ahora respecto al tema”, expresa.
“La CURP Biométrica es una decisión que se tomó equivocada. Primero por la forma en que están redactadas las leyes que la incluyen, y pareciera que es opcional o voluntario para las personas dar los datos biométricos para la CURP, pero por otro lado dice que será obligatoria en su uso y también para las empresas con las que contratamos los servicios. Esas ambigüedades no son casualidad”, señala.
Considera que en materia de ciberseguridad, el gobierno no cuenta con las herramientas suficientes para garantizar la seguridad de sus plataformas gubernamentales contra los ataques informáticos.
