El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría Gobernación, Alejandro Encinas, rechazó las críticas de quienes aseguran que el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia es similar al de la llamada “verdad histórica” que se elaboró en el sexenio anterior, y subrayó que “nosotros no torturamos absolutamente a nadie”.
Indicó que hay testimonios y colaboración de 115 personas que conocen o estuvieron involucradas en los hechos.
Durante la conferencia mañanera expuso que el informe presentado esta semana es resultado de una investigación y de análisis técnico y científico, que contó con el apoyo y asesoría de un Comité Científico Asesor y de un Grupo Interdisciplinario integrado por diversas instituciones, convencidas de que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la verdad.
¿En qué se sustenta la “verdad histórica”?
Subrayó que la llamada “verdad histórica” se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF del municipio, lo cual es falso porque la misión de los estudiantes era tomar camiones y su llegada a Iguala fue en el momento en el que ya había concluido este evento, incluso el festejo en la plaza central de Iguala.
“Hay una diferencia sustancial y de fondo, que la ‘verdad histórica’ se sustentó en declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie”, comentó.
Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que del análisis que hemos realizados se sustenta en la evaluación de 87 millones de registros telefónicos que fueron depurados para ubicar cuatro mil registros telefónicos claves, 17 mil números telefónicos, que han sido analizados vigorosamente a lo largo de los últimos dos años que nos permitió hacer un mapeo y una geolocalización de 116 números telefónicos y al mismo tiempo complementar esta información con los 41 mil 168 documentos que fueron aportados por la Administración Pública Federal y otros órganos del Estado.
Al defender el nuevo informe del caso Ayotzinapa, el subsecretario de Gobernación afirmó que los normalistas fueron objeto de “una labor cruente” de desaparición.
Reveló que se están tratando de ubicar los sitios donde presuntamente fueron depositados sus restos luego de ser asesinados.
