Luego de que el 10 de junio se publicó en El Universal el texto “Alonso Ancira: Reservan 5 años su pacto para reparar daño por Nitrogenados”, la Fiscalía General de la República (FGR) se deslindó del pacto entre Pemex y Ancira.
A través de un comunicado, la FGR precisó que el acuerdo reparatorio fue celebrado únicamente entre Pemex y Pemex Transformación Industrial con el imputado Alonso Ancira Elizondo, “por su propio derecho y en representación de Altos Hornos de México S.A.B. de C.V, y diversos accionistas el 19 de abril de 2021”.
Asimismo, la FGR refirió que Ministerio Público de la Federación no es parte del acuerdo y que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en Reclusorio Norte, tuvo por presentado el instrumento y ordenó la suspensión del trámite del proceso, sujeto a su cumplimiento.
“En la audiencia respectiva el juez le proporcionó al agente del Ministerio Público de la Federación una copia del instrumento con el carácter de confidencial”.
Texto del 10 de junio publicado en El Universal
Presumido como un hecho inédito y celebrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una victoria contra la corrupción, el acuerdo reparatorio que alcanzó la FGR con Alonso Ancira permanece en secreto. Los mexicanos saben que el empresario tiene que devolver millones de dólares a Pemex, pero están impedidos de conocer a detalle qué fue lo que negociaron el gobierno y el industrial para que este saliera de prisión.
La FGR reservó por cinco años el arreglo firmado en abril pasado donde Ancira Elizondo se compromete a devolver 216 millones de dólares del pago que recibió de Pemex cuando su empresa Altos Hornos de México S.A. (AHMSA) le vendió la planta de Agro Nitrogenados, una operación realizada en el sexenio pasado, pero que fue cuestionada por las autoridades actuales al considerar que la fábrica de fertilizantes era chatarra y se adquirió a sobreprecio.
“La información es clasificada como reservada, dado que su publicidad representa un posible riesgo para las estrategias de investigación, la persecución del delito, la seguridad de las víctimas y la procuración de justicia”, expuso la FGR a una petición de Quinto Elemento Lab para saber cuáles fueron las obligaciones pactadas y términos acordados.
