El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que las reformas que contemplan la figura de “jueces sin rostro” permitirán dotar a las personas juzgadoras de un marco jurídico con perspectiva de derechos humanos, mediante su resguardo identitario. Esto, señaló, con la finalidad de erradicar el rezago, la corrupción y la poca supervisión que “actualmente caracterizan al sistema de justicia”.
Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, detalló que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada tienen por objetivo establecer medidas necesarias de protección para preservar la seguridad de jueces.
Para ello, se adiciona el capítulo VIII “De la protección de las personas”, el cual contiene la remisión al Código Nacional de Procedimientos Penales sobre medidas para garantizar la seguridad mediante el resguardo de la identidad, que el naciente Órgano de Administración Judicial (OAJ) podrá solicitar a efecto de dar certeza a las partes procesales.
Monreal informó que otro cambio que trae consigo esta reforma es que permitirá que las personas agentes del Ministerio Público de la FGR, adscritas a otras Unidades Administrativas diferentes a la Unidad Especializada que investiga delincuencia organizada, podrán investigar y perseguir delitos en dicha materia con el consentimiento de la unidad.
El también presidente de la Jucopo explicó que esta iniciativa va por fortalecer cambios en la impartición de justicia, a través de prácticas que erradiquen el rezago, al centrarse en el derecho a la administración de una “justicia pronta, expedita y completa”, pues explicó que se contempla la delimitación de plazos en las actuaciones procedimentales en aquellos artículos donde no había una referencia expresa a la temporalidad.
Aunado a ello, agregó que se introduce la regla de obtención de elementos probatorios, es decir, que cualquier hecho sea probado siempre y cuando el medio por el que se haga sea de carácter lícito y su obtención haya sido en un marco de respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas.
Actualmente, dijo, se encuentra turnada para su estudio y dictaminación en las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, y se prevé que forme parte de la agenda legislativa 2026 en San Lázaro.
