La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y la de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtieron que el Gobierno Federal no solapará a servidores públicos que utilicen los recursos destinados a programas sociales con fines políticos o electoreros.
“Los programas sociales que se diseñan y aplican en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son y serán ajenos a cualquier sesgo o favoritismo partidista”, comprometió Albores.
Agregó que en la administración obradorista “tampoco vamos a solapar delitos cometidos por los servidores públicos”.
Por eso anunció que se tomarán las acciones pertinentes “en caso de identificar que algún servidor público está utilizando de manera incorrecta los recursos públicos durante procesos electorales”.
Las Secretarías del Bienestar y de la Función Pública (SFP) suscribieron este jueves con el Instituto Nacional Electoral (INE) un convenio mediante el cual se blindarán los programas sociales de uso político electoral no sólo en las elecciones de este año, sino hasta que concluya el sexenio en 2024.
Al respecto, Sánchez Cordero atestiguó la firma de convenio y recordó que, según el artículo 134 de la Constitución, los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen, en todo tiempo, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos y sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Esto es, dijo, una tajante prohibición a que los servidores públicos influyan en la equidad, en la competencia entre los partidos y por ello el gobierno no permitirá delitos electorales o actos de corrupción.
