La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) acentuó las deficiencias estructurales de la Fiscalía General del Estado, lo que, en su opinión, ha permitido omisiones, negligencias y complicidades en las investigaciones sobre los feminicidios que en su mayoría permanecen impunes.
A ocho años de la activación de la Alerta de Violencia de Género en Morelos, la CIDHM, promotora del mecanismo federal, sostuvo que ante la crisis que brota en la FGE por la detención de su titular Uriel Carmona Gándara, las víctimas y sus familiares que reclaman justicia son quienes deben estar en el centro de la atención pública.
Informó que desde la solicitud de AVG en 2013, documentaron 530 casos de feminicidio ocurridos en Morelos del año 2000 al 2013. Una vez que se aprobó la AVG en agosto de 2015, se mandató a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos dar un informe sobre el estado que guardaban estos 530 feminicidios, pero nunca envió el informe correspondiente de todos estos casos, solo reportó una cifra de 271, expuso el organismo civil.
“Y así como el caso de Ariadna Fernanda no fue considerado como feminicidio por la Fiscalía General del Estado y se negó que así fuera integrada la carpeta de investigación. Por lo que vemos que la Fiscalía no aplica el protocolo de investigación que establece que en principio toda muerte violenta de mujeres se tiene que investigar como feminicidio”, sostuvo la CIDHM.
En su análisis sobre el comportamiento de los feminicidios en Morelos, detectaron la inexistencia de la Unidad de Contexto para observar la forma comisiva el modo de operar de los feminicidas, la recurrencia de los hechos, los factores concomitantes y las causas similares que hacen posible que sigan ocurriendo los feminicidios. A pesar de que la Fiscalía informó que utilizó cinco millones para la creación de esta unidad de contexto que no existe ni tiene personal adscrito.
