El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) debe buscar y dar a conocer los contratos que ha adjudicado para la compra de durmientes del Tren Maya, desde que inició su construcción al 21 de febrero de 2022, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Lo anterior en respuesta a la denuncia de una persona quien previamente solicitó dicha información, misma que le fue negada bajo el argumento de que el Fonatur “no localizó los contratos para la compra de durmientes”.
Ante ello, la persona solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI.
En alegatos, el sujeto obligado reiteró la inexistencia de la información solicitada, sin embargo, señaló que se localizaron los contratos de los cinco tramos del tren y proporcionó los vínculos electrónicos para consultarlos.
Precisó que dichos contratos contienen los catálogos de conceptos a precios unitarios, entre los que se encuentran los durmientes utilizados para la construcción de la obra.
Al analizar el caso, la ponencia de la comisionada Josefina Román Vergara advirtió que Fonatur realizó una interpretación errónea del requerimiento, pues se ciñó a la literalidad de la solicitud e hizo una búsqueda equivocada de la información.
Recalcó que las personas solicitantes no están obligadas a conocer la denominación exacta de los documentos de su interés, por lo que las instituciones deben entregar la expresión documental que atienda lo requerido.
Al presentar el caso ante el pleno, la comisionada Josefina Román Vergara destacó que las compras públicas tienen un impacto social y económico, pues de conformidad con la Organización Mundial del Comercio, los gobiernos de todo el mundo destinan, aproximadamente, cerca de 10 mil billones anuales en contratos públicos, cifra que representa entre el 12 y el 20 % del Producto Interno Bruto de un país.
“Por ello, el monto de los recursos públicos de las contrataciones públicas debe ser destinados enteramente para los fines establecidos y ser ejercidos de forma responsable, a fin de que la contratación pública se realice bajo los más altos estándares de eficacia, eficiencia, integridad, transparencia y evitando la corrupción”, apuntó.
