México padece una crisis de desplazamiento forzado interno (dentro del territorio nacional) y externo (hacia fuera del país). Las personas que lo viven deben huir de sus hogares o lugares donde residen, para proteger su vida o su integridad de los efectos de la violencia, de violaciones de derechos humanos, o de otros peligros como son las catástrofes naturales o aquellas provocadas por las personas.
A pesar de que nuestro país y los gobiernos federales y locales aceptan esta crisis, no ha habido ninguna respuesta para atender la problemática. Desde que el expresidente Calderón se alineara a la política global de estrategia militarizada y punitiva de la Guerra contra las Drogas, se han documentado decenas de casos de eventos masivos de movilidad de comunidades causada por un contexto de violencia extrema o por una amenaza directa a un grupo de personas.
Tanto en los sexenios de Calderón, como el anterior y ahora con López Obrador, cientos de miles de víctimas de esta problemática se han quedado en la indefensión, por la falta de atención, asistencia y reparación del daño, pero sobre todo por la impunidad.
Por nombrar algunos casos de desplazamientos masivos, está lo sucedido en Tamaulipas en 2010, en Ciudad Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, donde los grupos criminales mantuvieron tiroteos sistemáticos, incendiaron viviendas, negocios e incluso dependencias públicas, la población huyó tanto a ciudades en Estados Unidos como de otras entidades. En el sexenio anterior, también fueron documentados procesos de desplazamiento masivo en Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa, pero es importante destacar que su presidencia se caracterizó por el desplazamiento forzado de periodistas en riesgo.
Con López Obrador, las y los periodistas siguen sin poder volver a sus hogares, además está el caso de las comunidades de Campo de Aviación, Filo de Caballos, Tres Cruces, Morros, Izotepec, Carrizal de Bravo y Polixtepec, pertenecientes al municipio de Leonardo Bravo, Guerrero. Decenas de familias tuvieron que dejar sus hogares entre noviembre y diciembre de 2018, por las amenazas y agresiones de un grupo criminal que hasta la fecha sigue manteniendo el control de la zona.
De nada sirve que, el estado no cometa actos contra el pueblo, si por omisión y abdicación de sus responsabilidades más esenciales como es la de garantizar la vida e integridad de sus ciudadanos, se permite que cientos de miles de personas no puedan vivir dignamente en sus hogares, por que sus hogares se han convertido en “la boca de un tiburón”.