Ante el “peligro inminente” de que se provoquen daños irreversibles a cavernas, cenotes y ríos subterráneos, debido a la ausencia de estudios y autorizaciones ambientales, y ponderando el principio precautorio que mandata la ley, un juzgado radicado en Mérida, Yucatán, concedió la suspensión provisional del Tramo 5 Sur del megaproyecto Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum.
Con ello, el Juzgado Primero de Distrito radicado en Mérida, Yucatán, ordena que se “suspenda o paralice” cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo 5 Sur, “de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material”.
“Esta medida cautelar provisional surtirá efectos hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva”, se lee en el incidente dictado por el juez.
La demanda fue promovida por espeleólogos residentes en Playa del Carmen, Quintana Roo, quienes se ampararon contra la devastación de la selva en el Tramo 5 que se realiza desde febrero pasado sin estudios ni permisos.
Los estudios aún están en elaboración, de acuerdo con declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) no se han sometido al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Lo que violenta el marco legal.
El Gobierno Federal tampoco ha obtenido las autorizaciones en materia de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que mandatan la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la ley forestal.
El amparo se presentó el 24 de marzo en el Juzgado Noveno de Distrito, por la asociación civil Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente (DMAS), con sede en Cancún, en representación de tres espeleólogos.
Sin embargo, fue radicado en el Juzgado Primero de Distrito (en Mérida), debido a un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que estableció que todos los asuntos promovidos en contra del Tren Maya se resolverán ahí.