Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acordaron no debatir, ni aprobar el dictamen para modificar el artículo 73 de la Carta Magna con la que se pretendía considerar la emisión de las llamadas “noticias falsas” o fake news como un riesgo para la amenaza a la seguridad nacional y abrir un parlamento abierto.
Después de las voces de legisladores y de especialistas que alertaban que con esta aprobación ven riesgo de censura, la presidenta de la Comisión, Aleida Alavez (Morena), determinó hacer un parlamento abierto para el 26 de febrero.
Esta semana circuló entre los legisladores integrantes de esta comisión el dictamen con el que se alistaba la aprobación de una reforma constitucional al artículo 73 de la Carta Magna, para considerar las “noticias falsas” o fake news como un ataque a la seguridad nacional.
De acuerdo con el dictamen, se busca reformar el inciso XXIX-M del artículo 73 de la Constitución Política para que el Congreso de la Unión expida leyes en materia de seguridad nacional, que incluyan la seguridad cibernética y protección de los derechos humanos en el ciberespacio, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.
Sin embargo, en la exposición de motivos de este proyecto, que se considera en sentido positivo, describe que ante el escenario actual es importante crear conciencia sobre la relevancia de los riesgos que se presentan en materia de ciberseguridad como garantizar la seguridad de los usuarios y del Estado en el ciberespacio.
En efecto, define el proyecto, es un ciberataque, un intento de acceder ilegalmente a un sistema electrónico o a una red informática a fin de extraer información o interrumpir su funcionamiento.
Estos ataques cibernéticos constituyen un riesgo natural al que se ve comprometida la seguridad nacional desde distintos ámbitos, toda vez que no escapan a la realidad actual los cambios en cuanto a gobernabilidad (trámites en línea), sector privado (negocios, ventas) y sector social (recreación y ocio), porque afectan la integridad de los sistemas electrónicos producidos para tal efecto, robos de identidades y hasta delitos.
