Un caso que ocurrió en Lima en 2018 por un proceso de corrupción que involucró al ex presidente peruano Alan García y a la embajada de Uruguay, sería un crucial antecedente diplomático por las semejanzas con la controversia que estalló entre México y Perú por la decisión del destituido ex gobernante peruano, Pedro Castillo, de pedir asilo al gobierno mexicano.
Los hechos en torno a ambos exmandatarios registraron notables parecidos y evidentes diferencias, por lo que los mecanismos que se utilizaron para resolver el litigio Perú-Uruguay podrían ser un factor de referencia jurídica para lograr el desenlace del lío Perú-México.
El diferendo con García en su fallido intento de obtener asilo en Uruguay se resolvió al amparo de la Convención sobre Asilo Diplomático, promulgada en Caracas en 1954 por la Organización de Estados Americanos (OEA), que estableció que es ilegal conceder ese beneficio a personas que al momento de solicitarlo están acusadas de cometer delitos comunes.
La Convención, instrumento del derecho interamericano del que México forma parte como integrante de la OEA y por haberla ratificado en la segunda mitad del siglo XX, limitó el asilo diplomático a personas que tienen razones fundadas de persecución política.
Castillo, al igual que García en 2018, está acusado en 2022 en su país de supuestos delitos comunes. El Congreso de Perú lo destituyó el pasado 7 de diciembre por incapacidad moral, al estar presuntamente implicado en actos de corrupción con dinero público.
En su artículo 3.º, la Convención determinó que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas”.
También definió que es ilícito concederlo “a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político”.
En una precisión que calzó con lo sucedido con García, estableció que “las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá juzgarlas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega”.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, tuiteó el jueves que Castillo recibió ese día en la Diroes al embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, y ratificó su solicitud de asilo. La petición inicial fue entregada en la Embajada de México en Lima en la madrugada de ese día, en un documento suscrito por el abogado peruano Víctor Gilbert Pérez Liendo, defensor del exmandatario.
“Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas”, anunció.
Después de la destitución de Castillo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió en su defensa reiterando el trasfondo político de la crisis peruana y argumentó que el ahora exgobernante fue víctima de las “élites” peruanas.
“Lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas”, desde el inicio del gobierno legítimo de Castillo, “se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra”, y “hasta” que lograron destituirlo, señaló López Obrador por diferentes vías.
