La defensa de los derechos políticos de las mujeres, sobre todo de las comunidades y pueblos indígenas, es una tarea de todo el Estado mexicano y de la región latinoamericana, afirmó Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal.
Durante el seminario “La protección de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas: lecciones aprendidas desde América Latina”, dijo no obstante que esa tarea no solo está asignada a un órgano del Estado mexicano, sino que debe realizarse de forma conjunta con otras instancias.
“Creo que es una vocación que tenemos de manera conjunta para regresar la dignidad en materia de tutela de derechos políticos que nos reclaman a diario esas comunidades” indígenas, expresó en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Carrasco Daza indicó que a menos de seis meses de su creación, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal, ha realizado varios ejercicios importantes en materia de tutela de defensa de los derechos indígenas.
Tal es el caso de mujeres indígenas que desempeñaban los cargos de presidentas municipales –de Chenalhó y Oxchuc, Chiapas, Rosa Pérez Pérez y María Gloria Sánchez Gómez, respectivamente—.
La titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, aseguró que en una democracia no se puede hablar de derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes si no se garantiza a quienes son sus titulares, un pleno y eficaz acceso a la justicia especializada.
